AJER resolvió endurecer su reclamo, y aprobó realizar tres días de huelga.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) resolvió cumplir con tres días de paro, el primero de los cuales se hará el próximo viernes, en coincidencia con una medida similar dispuesta por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Sin embargo, el plan de lucha de los judiciales se enfrenta con la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que decidió descontar, por primera vez en lo que va de 2009, el día no trabajado. Florentino Agostini, titular de AJER, explicó que la medida del máximo tribunal tiene que ver con el paro de actividades dispuesto el 27 de mayo último.

En diálogo con El Diario, el dirigente calculó que sobre un salario de 2.000 pesos, la pérdida por el descuento ronda entre los 140 y los 150 pesos. “Es una forma de presionar que tienen”, entendió Agostini.

En contraposición, recordó que “desde hace 16 meses” los judiciales no reciben un aumento, y respecto del proyecto oficial de descongelar el adicional por antigüedad, si bien la AJER no fijó postura, indicó que “no era el momento” de plantear esa iniciativa.

Los judiciales mantienen un reclamo judicial abierto contra la decisión del STJ de haber descontado tres días de huelga durante 2008, trámite que ahora está a resolución de la Justicia Laboral.

El 6 de mayo de 2008, la acordada Nº 12 del STJ dispuso “con carácter general que, a partir del día de la fecha, por cada día o por cada seis horas de trabajo no cumplidas por cada agente en adhesión a medidas de fuerza, se descontarán de su remuneración la proporción equivalente a un día de trabajo”.

La norma también recordó “la obligación impuesta a distintos organismos judiciales y ministerios públicos de adoptar los recaudos necesarios para mantener la prestación del servicio de justicia, e informar dentro del plazo de 48 horas sobre el personal que haya dejado de prestar servicios con motivo de su adhesión a las medidas de fuerza”.

Pero a pesar de la determinación del máximo Tribunal de seguir en esa tesitura, aseveró Agostini, la postura de los judiciales es mantener el reclamo por una recomposición salarial. “Sobre un total de 13 filiales presentes en el plenario, 11 votaron por tres días de paro y quite de colaboración para el resto de noviembre. Y volver a reunirnos en un plenario el 27 de noviembre, casi seguro en la ciudad de La Paz”, subrayó.

Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, avaló la decisión de no pagar los días no trabajados por los empleados públicos por la realización de medidas de fuerza.

En declaraciones a LT 14, el funcionario sostuvo que “es correcto” no pagar esos días, y de ese modo fijó postura en torno a la demanda por práctica desleal que inició contra el Gobierno el sindicato docente.

Desde el gremio se exige la devolución del pago de los días no trabajados, a lo que Rodríguez Signes respondió: “Esta es una querella por práctica desleal, yo no puedo atribuirle, en una audiencia, ni a los docentes ni a los gremios, que el Gobierno incurre en práctica desleal, porque está pagando los días que se trabajaron y no los días que se hizo paro”.

Al respecto, dijo que “es imposible llegar a un acuerdo sobre esa base”. Según la posición del Poder Ejecutivo, sólo se pagan los días trabajados, “el empleado tiene todo el derecho de hacer huelga, pero se pagan los días que se prestó servicio”.
El fiscal de Estado mencionó que “el único gremio que plantea este tema, incluso judicialmente sobre la devolución del pago de los días de paro, es AGMER”.

“Debería sancionarse una ley especial donde se habilite a pagar los días no trabajados y en ese caso recién se podría hablar del tema”, aseguró.

Por último, Rodríguez Signes señaló: “A lo mejor el conflicto se podría resolver, si se desistiera de dicha acción procesal, si se abriera una mesa de diálogo y sobre la base de recuperar días no trabajados, en ese contexto podría hacer, pero eso no es función que le corresponda a la Fiscalía de Estado”, concluyó.